El Bureau de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) es una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos creada mediante la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor, firmada el 21 de julio de 2010 como respuesta a la crisis financiera de 2007-2008. Su misión principal es garantizar que los mercados de productos y servicios financieros para consumidores sean justos, transparentes y competitivos, protegiendo a los ciudadanos de prácticas injustas, engañosas o abusivas [1]. El CFPB supervisa una amplia gama de instituciones y productos, incluyendo hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, préstamos para automóviles, cuentas bancarias y préstamos de día de pago. Entre sus funciones clave están la supervisión de entidades financieras, la aplicación de leyes federales de protección al consumidor, la gestión del sistema de quejas del consumidor, la educación financiera a través de herramientas como Ask CFPB y Paying for College, y la elaboración de normas para mejorar la transparencia de los productos financieros. La agencia opera dentro del Sistema de la Reserva Federal y se financia mediante transferencias trimestrales de la Reserva Federal, lo que le otorga independencia frente al proceso de asignaciones anuales del Congreso de los Estados Unidos>, aunque está sujeta a supervisión del [[Tribunal de Cuentas Gubernamental|Tribunal de Cuentas Gubernamental (GAO). El CFPB también ha ampliado su supervisión a plataformas tecnológicas, incluyendo aplicaciones de pago digital como Apple Pay y PayPal, y ha emitido normas sobre derechos de datos financieros personales, combate del sesgo algorítmico y protección contra prácticas abusivas en servicios como compra ahora, paga después. Su autoridad ha sido reafirmada por la Corte Suprema de Estados Unidos> en casos como [[Consumer Financial Protection Bureau v. Community Financial Services Association of America, Ltd.|Consumer Financial Protection Bureau v. Community Financial Services Association of America, Ltd., consolidando su papel central en la protección del consumidor en el sistema financiero estadounidense.
Creación y contexto histórico
El Bureau de Protección Financial del Consumidor (CFPB) fue creado como una respuesta directa a la crisis financiera de 2007-2008, un colapso económico que expuso graves abusos en los mercados financieros, como prácticas predatorias en préstamos hipotecarios, falta de transparencia en los términos de las tarjetas de crédito y una supervisión fragmentada e ineficaz por parte de múltiples agencias federales [2]. Antes de su creación, la responsabilidad de hacer cumplir las leyes federales de protección al consumidor estaba dispersa entre al menos siete agencias diferentes, lo que generó lagunas regulatorias y una supervisión inconsistente [3].
Establecimiento legal y contexto legislativo
El CFPB fue establecido formalmente el 21 de julio de 2010 mediante la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor, firmada por el presidente Barack Obama [4]. Específicamente, la Título X de esta ley creó al CFPB como una agencia independiente dentro del Sistema de la Reserva Federal [5]. El objetivo principal era consolidar las funciones de protección al consumidor en una sola entidad dedicada exclusivamente a este fin, eliminando así la fragmentación existente y fortaleciendo la vigilancia del mercado [3].
La ley fue una respuesta legislativa integral al colapso financiero, que se vio exacerbado por la falta de regulación adecuada en productos como hipotecas de alto riesgo y derivados. El CFPB fue diseñado para prevenir futuros abusos mediante el fortalecimiento de la aplicación de la ley, la mejora de la educación financiera y el empoderamiento de los consumidores [7].
Inicio de operaciones y estructura inicial
Aunque el CFPB fue legalmente establecido en 2010, no comenzó oficialmente sus operaciones hasta el 21 de julio de 2011, tras la puesta en marcha de la estructura organizativa necesaria [8]. Esta demora permitió la designación del primer director y la creación de las divisiones clave para la supervisión, la aplicación de la ley y la educación del consumidor. La agencia fue concebida como un organismo independiente, lo que le otorga autonomía operativa frente al proceso político tradicional de asignaciones presupuestarias del [[Congreso de los Estados Unidos|Congreso de los Estados Unidos> [9].
Esta independencia estructural contrasta con otras agencias financieras como la Reserva Federal, cuyo mandato incluye la política monetaria y la estabilidad financiera, o la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), cuya prioridad principal es asegurar depósitos y supervisar la solidez de los bancos [10]. En cambio, el enfoque del CFPB es exclusivamente la protección del consumidor, lo que le permite centrarse en prácticas injustas, engañosas o abusivas (UDAAP) sin las limitaciones de un mandato más amplio [11].
Impulso principal y necesidad de reforma
El principal impulso para la creación del CFPB fue la necesidad de corregir los fallos sistémicos que permitieron la crisis financiera. Prácticas como la emisión de hipotecas sin verificar la capacidad de pago, el uso de cláusulas ocultas en contratos de crédito y la falta de supervisión en empresas no bancarias (como prestamistas de día de pago y agencias de informes de crédito) habían dejado a los consumidores expuestos a riesgos extremos [3]. El CFPB fue diseñado para llenar este vacío regulatorio, asegurando que los mercados de productos financieros para consumidores fueran justos, transparentes y competitivos [7].
La consolidación de la autoridad de protección al consumidor en una sola agencia también buscaba aumentar la rendición de cuentas y la eficiencia. Al tener un solo organismo responsable, se facilitó la coordinación con otras agencias como la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), aunque también ha generado tensiones sobre la jurisdicción y el alcance de sus poderes [14].
Misión, funciones y estructura organizativa
El Bureau de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) fue creado mediante la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor con el objetivo de consolidar en una sola agencia federal la protección del consumidor en los mercados financieros, que antes estaba fragmentada entre siete entidades reguladoras [3]. Esta centralización responde a la necesidad de prevenir los abusos que contribuyeron a la crisis financiera de 2007-2008>, como las prácticas predatorias en préstamos hipotecarios y la falta de transparencia en los productos de tarjetas de crédito>. La agencia comenzó operaciones el 21 de julio de 2011 y opera como un organismo independiente dentro del Sistema de la Reserva Federal>, lo que le otorga autonomía frente al proceso de asignaciones anuales del Congreso de los Estados Unidos> [7].
Misión principal
La misión principal del CFPB es garantizar que los mercados de productos y servicios financieros para consumidores sean justos, transparentes y competitivos [17]. Para cumplir este objetivo, la agencia se enfoca en proteger a los consumidores de prácticas injustas, engañosas o abusivas (UDAAP, por sus siglas en inglés), así como en promover decisiones financieras informadas. Esta misión se traduce en acciones concretas que abarcan desde la supervisión de instituciones hasta la educación financiera, con el fin de empoderar a los ciudadanos en sus interacciones con el sistema financiero [18].
Funciones clave
Las funciones del CFPB se estructuran en cuatro pilares fundamentales: reglamentación, supervisión, aplicación de la ley y educación financiera. En materia de reglamentación, la agencia tiene autoridad para emitir normas bajo más de 18 leyes federales de protección al consumidor, incluyendo la Ley de Transparencia en Créditos (TILA), la Ley de Informes de Crédito Justos (FCRA) y la Ley de Transferencias Electrónicas de Fondos (EFTA) [19]. A través de este poder reglamentario, el CFPB puede adaptar las normas a nuevos productos financieros y riesgos emergentes, como los relacionados con la inteligencia artificial y los algoritmos [20].
En cuanto a la supervisión, el CFPB realiza exámenes regulares a bancos, cooperativas de crédito y otras instituciones financieras con activos superiores a 10 mil millones de dólares, así como a entidades no bancarias como prestamistas hipotecarios, proveedores de préstamos de día de pago y grandes participantes en mercados como la calificación crediticia y la recaudación de deudas [21]. Estos exámenes son de enfoque basado en riesgos y evalúan el cumplimiento de leyes federales, los sistemas de gestión del cumplimiento y las prácticas específicas de los productos [22].
La función de aplicación de la ley permite al CFPB investigar y tomar acciones legales contra empresas que violen las leyes de protección al consumidor. Estas acciones pueden incluir multas, restitución a consumidores afectados y órdenes para que las empresas cambien sus prácticas [23]. Por ejemplo, en 2024, el CFPB emitió una orden contra Performant Recovery, Inc. por actividades ilegales en la cobranza de préstamos estudiantiles [24]. Además, la agencia gestiona un sistema de quejas del consumidor que permite a los ciudadanos reportar problemas con productos financieros, lo que a su vez informa las prioridades de supervisión y aplicación [25].
Finalmente, el CFPB desempeña un papel clave en la educación financiera a través de herramientas como Ask CFPB, que responde preguntas comunes sobre productos financieros, y Paying for College, que ayuda a los estudiantes a entender sus opciones de financiamiento [26]. Estas iniciativas se basan en principios de economía conductual para mejorar la comprensión del consumidor y promover decisiones más informadas [27].
Estructura organizativa y liderazgo
El CFPB está liderado por un director, quien es nombrado por el Presidente de los Estados Unidos> y confirmado por el Senado de los Estados Unidos>. La estructura de liderazgo de un solo director, en lugar de una comisión multipartita como en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.> (SEC) o la Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas> (CFTC), busca garantizar una toma de decisiones eficiente y una mayor independencia frente a presiones políticas [28]. El director solo puede ser destituido por ineficiencia, negligencia en el deber o mala conducta, lo que refuerza su autonomía [29].
A principios de 2025, Russell Vought asumió el cargo de director interino tras la salida del anterior director, aunque el Senado aún no había confirmado a un director permanente [30]. Esta estructura ha generado debate sobre el equilibrio entre independencia y rendición de cuentas, pero ha sido respaldada por la Corte Suprema de Estados Unidos> en decisiones clave [31].
Financiamiento e independencia
El CFPB se financia mediante transferencias trimestrales de la Reserva Federal>, sin depender de asignaciones anuales del Congreso. Este mecanismo, establecido por la Ley Dodd-Frank>, está sujeto a un tope anual ajustado por inflación; para el año fiscal 2025, el límite fue de 823 millones de dólares [32]. Esta estructura financiera fue objeto de desafíos legales, pero la Corte Suprema la declaró constitucional en 2024, afirmando que no viola la cláusula de asignaciones del artículo I de la Constitución [33]. Aunque el CFPB opera con independencia financiera, sigue estando sujeto a auditorías anuales por parte del Tribunal de Cuentas Gubernamental (GAO) y debe presentar informes semestrales al Congreso sobre sus actividades [34].
Supervisión y regulación de productos financieros
El Bureau de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ejerce una supervisión amplia y sistemática sobre una diversa gama de productos y servicios financieros para garantizar que los mercados sean justos, transparentes y competitivos. Su autoridad regulatoria se extiende tanto a instituciones de depósito como a entidades no bancarias, con especial enfoque en aquellos sectores donde el riesgo de daño al consumidor es significativo. La supervisión se basa en una evaluación de riesgos que considera factores como el historial de cumplimiento, las quejas de consumidores y el potencial de daño generalizado [35].
Alcance de la supervisión financiera
El CFPB supervisa productos y servicios financieros que abarcan múltiples sectores del mercado. Entre los principales productos bajo su supervisión se incluyen hipotecas, donde la agencia supervisa tanto a originadores como a servidores de préstamos, ya sean instituciones de depósito o no. También regula tarjetas de crédito y productos de crédito abierto, centrándose en prácticas de facturación, gestión de cuentas y divulgación de información al consumidor [21].
Además, el CFPB supervisa el mercado de préstamos estudiantiles, especialmente en lo que respecta al servicio de préstamos privados y a las protecciones para los prestatarios. También ejerce autoridad sobre préstamos de día de pago y otros préstamos de alto costo, enfocándose en prestamistas que ofrecen préstamos a corto plazo y de pequeño monto. En el sector automotriz, supervisa a los participantes más grandes del mercado de financiamiento de automóviles y arrendamientos, asegurando el cumplimiento de las leyes federales de protección al consumidor [37].
Otros mercados supervisados incluyen colección de deudas, donde la agencia vigila tanto a cobradores de primera como de tercera parte para prevenir prácticas abusivas, y agencias de informes de consumidores, como las principales burós de crédito (por ejemplo, Equifax, Experian y TransUnion), con el fin de garantizar la precisión y equidad en los informes crediticios [38]. Asimismo, supervisa las transferencias internacionales de dinero, asegurando la transparencia en tarifas y tipos de cambio, y ha ampliado su supervisión a participantes más grandes en mercados como el servicio de préstamos estudiantiles y el financiamiento de automóviles [21].
Supervisión de entidades no bancarias y fintech
Una característica distintiva de la supervisión del CFPB es su autoridad sobre entidades no bancarias, lo que le permite abordar brechas regulatorias que existían antes de su creación. El CFPB supervisa a prestamistas privados de estudiantes, originadores y servidores de hipotecas no bancarios, y otros participantes más grandes en mercados financieros clave [21]. En 2024, la agencia finalizó una norma que extiende su supervisión a los participantes más grandes en el mercado de aplicaciones de pago digital de uso general, incluyendo plataformas tecnológicas como Apple Pay, PayPal y Cash App, que procesen más de 50 millones de transacciones anuales [41].
Esta expansión refleja el compromiso del CFPB con la supervisión de innovaciones financieras, especialmente en el ámbito de las fintech. La agencia ha establecido un marco para supervisar a empresas no bancarias cuyas actividades representan un riesgo elevado para los consumidores, incluso sin una designación específica de mercado [42]. Esta autoridad permite al CFPB adaptarse a nuevos modelos de negocio emergentes en sectores como compra ahora, paga después, cobro de deudas digital y servicios de informes de consumidores.
Procesos de supervisión y exámenes
Los exámenes de supervisión del CFPB son de enfoque basado en riesgos y evalúan sistemas de gestión del cumplimiento, prácticas específicas por producto y el cumplimiento de leyes federales como la Ley de Transparencia en las Operaciones de Crédito (TILA), la Ley de Oportunidades Crediticias Igualitarias (ECOA) y la Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas (FDCPA) [22]. Los exámenes pueden realizarse in situ o de forma remota, siguiendo procedimientos detallados para identificar y mitigar posibles daños a los consumidores [44].
El CFPB también utiliza determinaciones de riesgo para identificar a entidades que deben ser supervisadas, priorizando aquellas cuyas prácticas puedan causar daño sustancial a los consumidores. La agencia ha emitido una regla que permite la supervisión de entidades no bancarias cuando se determina que sus actividades presentan un riesgo elevado, lo que fortalece su capacidad para intervenir en mercados emergentes [42]. Además, la CFPB ha actualizado sus procedimientos de designación de supervisión para mejorar la transparencia y la equidad procesal, incluyendo la restauración de protecciones de confidencialidad para las empresas bajo revisión [46].
Normas y políticas regulatorias clave
El CFPB desarrolla y aplica normas para proteger a los consumidores y asegurar la equidad en los mercados financieros. Entre sus reglas más significativas se encuentra la finalización de la norma sobre derechos de datos financieros personales bajo la Sección 1033 de la Ley Dodd-Frank, que establece el derecho de los consumidores a acceder y compartir de forma segura sus datos financieros con terceros autorizados [47]. Esta norma promueve la competencia en los servicios financieros y protege la privacidad del consumidor mediante estándares técnicos para el consentimiento y la transferencia de datos [48].
Otra regla importante es la finalización de la norma sobre préstamos por sobregiro para instituciones financieras muy grandes, que busca reducir las tarifas excesivas al exigir una mayor transparencia en las tarifas y limitar cargos repetidos por la misma transacción [49]. Asimismo, el CFPB ha emitido una regla final que prohíbe a los acreedores y agencias de informes de consumidores utilizar información médica en decisiones crediticias, cerrando lagunas previas que permitían prácticas discriminatorias [20].
El CFPB también ha emitido orientación sobre prácticas en plataformas digitales, como advertencias contra los arreglos de "pago por posición" en sitios de comparación de productos financieros, que pueden distorsionar las recomendaciones a los consumidores [51]. Estas acciones reflejan el enfoque proactivo del CFPB en la regulación de prácticas que podrían ser consideradas injustas, engañosas o abusivas (UDAAP) en el entorno digital.
Coordinación con otros reguladores
El CFPB coordina su supervisión con otros reguladores federales para evitar duplicaciones y asegurar una supervisión coherente. Tiene memorandos de entendimiento (MOUs) con la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA), facilitando el intercambio de hallazgos de exámenes y la coordinación en acciones de cumplimiento [52]. También colabora estrechamente con la Comisión Federal de Comercio (FTC), compartiendo información y realizando investigaciones conjuntas para hacer cumplir las leyes de protección al consumidor [53].
En el ámbito estatal, el CFPB ha establecido un marco para coordinar con reguladores estatales, reconociendo que los estados retienen la autoridad para hacer cumplir las leyes federales de protección financiera al consumidor [54]. Esta colaboración permite una supervisión más integral, especialmente en mercados no bancarios y en instituciones de depósito con más de 10.000 millones de dólares en activos [55].
Aplicación de la ley y acciones contra prácticas abusivas
El Bureau de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) desempeña un papel fundamental en la aplicación de la ley federal para proteger a los consumidores de prácticas injustas, engañosas o abusivas en los mercados financieros. A través de acciones de cumplimiento, órdenes de consentimiento y litigios, la agencia responsabiliza a las instituciones financieras que violan las normas, garantizando la restitución a los consumidores afectados y la corrección de prácticas perjudiciales [23]. Estas acciones se basan en su autoridad estatutaria bajo el Título X de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor, que le otorga poderes amplios para hacer cumplir leyes como la Ley de Protección Financiera del Consumidor (CFPA), la Ley de Informes de Crédito Justos (FCRA) y la Ley de Transferencias Electrónicas de Fondos (EFTA) [57].
Acciones de cumplimiento y órdenes de consentimiento
El CFPB utiliza dos mecanismos principales para hacer cumplir las leyes: órdenes de consentimiento y litigios. Una orden de consentimiento es un acuerdo legalmente vinculante entre el CFPB y una entidad regulada que resuelve supuestas violaciones sin necesidad de juicio. Estas órdenes no implican admisión de culpabilidad, pero requieren que la entidad cumpla con medidas correctivas, como pagar restitución a consumidores afectados, implementar reformas operativas y, en algunos casos, pagar multas civiles [58]. Por ejemplo, en 2024, el CFPB emitió una orden de consentimiento contra Apple Inc. por prácticas injustas y engañosas en la emisión de la Apple Card, lo que resultó en cambios en sus políticas de crédito y compensación a consumidores [59].
Las órdenes de consentimiento son herramientas eficientes que permiten al CFPB lograr resultados rápidos y aliviar a los consumidores sin los costos y retrasos de un litigio. Sin embargo, cuando las negociaciones fallan o el interés público lo requiere, el CFPB puede presentar una acción judicial. Estos casos, que se llevan ante tribunales federales o ante jueces administrativos, permiten al CFPB buscar hallazgos judiciales de conducta ilegal, sanciones más amplias y establecer precedentes legales [60]. Un ejemplo es la demanda presentada en 2023 contra Heights Finance Corporation por prácticas de refinanciamiento abusivas que violaban la prohibición de actos y prácticas injustos, engañosos o abusivos (UDAAP) [61].
Casos emblemáticos contra prácticas abusivas
El CFPB ha llevado a cabo numerosas acciones de cumplimiento significativas que han transformado las prácticas en sectores clave. En 2016, multó a Wells Fargo con 100 millones de dólares por abrir más de dos millones de cuentas de depósito y tarjetas de crédito sin autorización, una práctica que resultó en cargos injustos y daño al crédito de los consumidores [62]. Esta acción destacó la responsabilidad de las instituciones por estructuras internas de incentivos que fomentan el daño al consumidor. En 2022, el CFPB ordenó a Wells Fargo pagar 3.700 millones de dólares por mala gestión generalizada de préstamos automotrices, hipotecas y cuentas de depósito, incluyendo reposiciones ilegales y seguros obligatorios inadecuados [63].
En el ámbito de los informes de crédito, el CFPB ha actuado contra prácticas que comprometen la precisión y equidad. En 2017, ordenó a Equifax y TransUnion pagar 17,6 millones de dólares por comercializar productos de puntuación de crédito e identidad como gratuitos cuando en realidad eran parte de programas de opciones negativas costosos [64]. Más recientemente, en enero de 2025, ordenó a Equifax pagar 15 millones de dólares por no investigar adecuadamente los errores en los informes de crédito, violando la FCRA [65].
Aplicación contra colecciones de deuda y préstamos de día de pago
El CFPB también ha intensificado su supervisión en el sector de cobro de deudas y préstamos de día de pago, mercados donde los consumidores vulnerables a menudo enfrentan prácticas abusivas. En diciembre de 2024, tomó medidas contra Performant Recovery, Inc. por prácticas ilegales de cobro de préstamos estudiantiles, incluyendo la representación falsa del estatus legal de las deudas y la falta de notificaciones de validación requeridas [24]. Esta acción se alinea con la implementación de la Regulación F, que prohíbe el acoso, las representaciones falsas y la cobranza de deudas prescritas sin una divulgación adecuada [67].
En el caso de los préstamos de día de pago, el CFPB emitió una regla en 2017 que exigía a los prestamistas evaluar la capacidad de pago del consumidor antes de otorgar un préstamo, pero en 2025 anunció que no haría cumplir esta regla, citando desafíos operativos y legales [68]. Sin embargo, la agencia continúa tomando medidas contra prestamistas individuales, como en el caso contra ACE Cash Express por empujar a los prestatarios a ciclos de deuda mediante préstamos repetidos sin una evaluación adecuada de la capacidad de pago [69].
Multas monetarias y efectos disuasorios
Las multas monetarias (CMP) son una herramienta clave para disuadir conductas ilegales y compensar a los consumidores. El CFPB ajusta anualmente los umbrales de multas por inflación para mantener su efectividad disuasoria [70]. Bajo la dirección de Rohit Chopra, el CFPB ha obtenido más de 3.200 millones de dólares en multas civiles, que se depositan en el Fondo de Penalizaciones Civiles para compensar a los consumidores afectados [71]. En total, el CFPB ha iniciado más de 325 acciones de cumplimiento, asegurando aproximadamente 19.700 millones de dólares en alivio para consumidores y 5.000 millones en multas civiles [72]. Estas cifras reflejan un enfoque estratégico en la disuasión y la restitución, especialmente en casos que implican daños generalizados.
Evolución de la interpretación de UDAAP
La interpretación del CFPB sobre actos y prácticas injustos, engañosos o abusivos (UDAAP) ha evolucionado con el tiempo, reflejando cambios en la administración y la escrutinio judicial. En 2022, bajo la dirección de Chopra, el CFPB amplió su interpretación de UDAAP, afirmando que la discriminación podría considerarse una práctica injusta, incluso en ausencia de una violación de leyes de crédito justo como la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito (ECOA) [73]. Sin embargo, en septiembre de 2023, un tribunal federal de Texas anuló las actualizaciones al Manual de Examen de UDAAP, argumentando que el CFPB había excedido su autoridad al equiparar la discriminación con la injusticia sin una autorización clara del Congreso [74]. Este fallo, que refleja la doctrina de las "grandes preguntas" de la [[Corte Suprema de Estados Unidos|Corte Suprema de Estados Unidos>, limitó la capacidad del CFPB para usar UDAAP como vehículo para hacer cumplir protecciones de derechos civiles sin un mandato estatutario explícito. En respuesta, el CFPB apeló la decisión, pero en mayo de 2025 la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito desestimó la apelación, lo que sugiere una retirada estratégica de esta expansión de autoridad [75].
Protección del consumidor y manejo de quejas
El Bureau de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) desempeña un papel central en la protección del consumidor mediante un sistema integral de supervisión, aplicación de la ley y gestión de quejas. A través de su sistema de quejas del consumidor, el CFPB permite a los ciudadanos reportar problemas con productos y servicios financieros, como hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y cuentas bancarias, y garantiza que sus reclamaciones sean atendidas por las empresas correspondientes [76]. Una vez presentada una queja, esta se envía a la empresa implicada, que tiene aproximadamente 15 días para responder, lo que promueve la rendición de cuentas y la resolución de conflictos [77]. El CFPB supervisa estas respuestas y puede publicar las quejas junto con las respuestas de las empresas para aumentar la transparencia y detectar patrones de mala conducta en el mercado [78].
Gestión del sistema de quejas y análisis de datos
El sistema de quejas del CFPB no solo resuelve problemas individuales, sino que también sirve como una herramienta estratégica para identificar riesgos sistémicos y priorizar acciones regulatorias. Las quejas, aunque no verificadas independientemente, ofrecen una valiosa fuente de datos sobre las experiencias reales de los consumidores. Por ejemplo, el análisis de estas quejas reveló un aumento significativo en los problemas relacionados con los servicios de compra ahora, paga después (BNPL), lo que llevó al CFPB a emitir informes específicos y aumentar la supervisión de estos proveedores [79]. Además, la base de datos de quejas, que contenía casi dos millones de reclamaciones a mediados de 2024, ayuda a la agencia a detectar tendencias emergentes, como el uso de tácticas engañosas en el marketing digital o la discriminación en la concesión de préstamos [80].
Resolución de disputas y mecanismos de reclamación
Para fortalecer la protección del consumidor, el CFPB ha establecido procedimientos claros para la resolución de disputas. Los consumidores pueden presentar una solicitud escrita calificada (Qualified Written Request, QWR) para solicitar información sobre su cuenta o disputar un error de facturación. Los prestamistas están obligados a reconocer la solicitud en cinco días hábiles y resolver el error o proporcionar una explicación por escrito en 30 días (o 45 en ciertas condiciones) [81]. Durante este período, los prestamistas no pueden iniciar un proceso de ejecución hipotecaria, lo que protege a los consumidores vulnerables. Este mecanismo es especialmente crucial durante las recesiones económicas, ya que protege a los prestatarios de errores administrativos que podrían desencadenar ejecuciones hipotecarias innecesarias [82].
Intervención en prácticas abusivas y daños económicos
El CFPB utiliza los datos de quejas para iniciar acciones de cumplimiento contra prácticas injustas, engañosas o abusivas (UDAAP). Por ejemplo, en diciembre de 2024, la agencia emitió una orden contra Performant Recovery, Inc. por actividades ilegales en la cobranza de préstamos estudiantiles, lo que demuestra cómo las quejas individuales pueden desencadenar acciones legales de gran alcance [24]. Estas acciones pueden resultar en multas, restitución para los consumidores afectados y cambios obligatorios en las prácticas empresariales. En 2025, el CFPB también ordenó a Equifax pagar 15 millones de dólares por no investigar adecuadamente los errores en los informes crediticios, lo que subraya la importancia de la precisión de los datos en la salud financiera del consumidor [65]. Estas intervenciones no solo compensan a los consumidores perjudicados, sino que también establecen estándares de cumplimiento que influyen en toda la industria.
Apoyo a consumidores vulnerables y equidad financiera
El CFPB presta especial atención a las poblaciones vulnerables, como los hogares de bajos ingresos, las comunidades de color y los adultos mayores, que son más propensos a sufrir explotación financiera. Informes de la agencia han destacado cómo las altas tarifas de sobregiro y los cargos por beneficios públicos afectan desproporcionadamente a estas comunidades [85]. A través de su supervisión, el CFPB ha abordado prácticas como la colocación forzada de seguros, que puede agravar la precariedad financiera. Además, la agencia utiliza pruebas de emparejamiento en el mercado de préstamos para pequeñas empresas para detectar tratos desiguales basados en la raza o el género, lo que proporciona evidencia empírica para respaldar sus acciones de cumplimiento y promover la equidad en el acceso al crédito [86].
Evolución de la supervisión y desafíos metodológicos
La supervisión del CFPB se basa en una metodología centrada en el riesgo que evalúa tanto los riesgos inherentes de las prácticas comerciales como la eficacia de los controles internos. Sin embargo, la interpretación de los datos de encuestas y quejas enfrenta desafíos metodológicos, como el sesgo de selección de la muestra y la dificultad de establecer causalidad a partir de datos observacionales [87]. Para abordar estos desafíos, el CFPB emplea diseños experimentales, como pruebas controladas aleatorias, y ha adoptado procedimientos de revisión externa por pares para garantizar la credibilidad de sus hallazgos [88]. Esta rigurosidad metodológica fortalece la validez de sus políticas y acciones de cumplimiento, asegurando que estén alineadas con las necesidades reales de los consumidores en un mercado financiero en constante evolución.
Educación financiera e iniciativas para consumidores
El Bureau de Protección Financial del Consumidor (CFPB) desempeña un papel central en el fortalecimiento de la educación financiera mediante programas basados en evidencia, recursos accesibles y marcos prácticos que empoderan a los consumidores a tomar decisiones informadas. Su enfoque se fundamenta en principios de economía del comportamiento, que reconocen las limitaciones cognitivas y los sesgos que afectan el comportamiento financiero, como el sesgo de presente, la anclaje y el efecto de disponibilidad. Al integrar estos insights, el CFPB diseña herramientas que no solo informan, sino que también facilitan cambios conductuales duraderos [89].
Marco estratégico y principios de educación financiera
El CFPB ha establecido los Cinco Principios de Educación Financiera Efectiva, que sirven como guía para educadores, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales. Estos principios promueven una educación financiera que sea oportuna, práctica, personalizada y orientada a la acción. Entre ellos se incluyen: integrar la educación en decisiones financieras reales, enfocarse en habilidades más que en conocimientos aislados, y adaptar el contenido a las motivaciones y circunstancias individuales [90]. Este marco respalda iniciativas como el CFPB Financial Education Exchange (CFPB FinEx), una plataforma que fomenta la colaboración entre profesionales de la educación financiera, facilitando el intercambio de recursos basados en investigaciones [91].
Educación financiera para jóvenes
El CFPB prioriza la educación financiera temprana a través de su programa Educación Financiera para Jóvenes, que ofrece materiales curriculares, actividades en el aula y capacitación para docentes de educación K–12. Para garantizar la calidad, la agencia desarrolló la Herramienta de Revisión de Currículos de Educación Financiera para Jóvenes, que permite a los educadores evaluar si los materiales cumplen con estándares basados en evidencia [92]. Investigaciones respaldadas por el CFPB indican que la educación financiera escolarizada, especialmente cuando es obligatoria y combina conocimiento con aprendizaje experiencial, se asocia con mejores resultados financieros a largo plazo, como una mejor gestión del crédito y tasas reducidas de morosidad [93].
Educación financiera para adultos y grupos vulnerables
Para adultos, el CFPB ofrece el kit Tu Dinero, Tus Metas, diseñado para ayudar a personas de ingresos bajos y moderados a gestionar deudas, ahorrar e planificar metas financieras. Este recurso es ampliamente utilizado por proveedores de servicios sociales, organizaciones comunitarias y asesores financieros. Una evaluación de una iniciativa de coaching financiero que empleó este kit mostró mejoras medibles en el comportamiento financiero, como un aumento en los ahorros y una reducción de la deuda, destacando el valor de combinar educación con apoyo personalizado [94].
El CFPB también reconoce las barreras sistémicas que enfrentan poblaciones subatendidas, como los hogares afroamericanos y hispanos, que a menudo tienen menor acceso a servicios financieros y mayor exposición a productos predadores. Sus programas se adaptan para ser culturalmente relevantes y accesibles, y una investigación de 2021 demostró que intervenciones simples, como recordatorios conductuales (“No pagues lo pequeño”), pueden reducir significativamente los saldos de tarjetas de crédito, incluso entre usuarios frecuentes [95].
Herramientas digitales y recursos interactivos
El CFPB proporciona una amplia gama de herramientas digitales para facilitar la toma de decisiones financieras. Entre ellas se incluye Ask CFPB, una base de conocimientos interactiva que responde preguntas comunes sobre productos financieros, derechos del consumidor y cómo evitar estafas. Otra herramienta clave es Paying for College, que ayuda a los estudiantes y sus familias a comparar opciones de financiamiento, entender los términos de los préstamos estudiantiles y evaluar el impacto a largo plazo de la deuda [96]. Estas herramientas están diseñadas para reducir la carga cognitiva y mejorar la comparabilidad, principios derivados de la teoría del empujón y otras estrategias de economía del comportamiento.
Efectividad y evaluación de programas
El CFPB evalúa rigurosamente el impacto de sus iniciativas mediante estudios controlados aleatorizados, encuestas longitudinales y análisis de datos. Sus informes anuales sobre alfabetización financiera documentan mejoras en el conocimiento financiero, aumentos en las puntuaciones de crédito y una mayor tendencia a elegir opciones de préstamo de menor costo [97]. Estas evaluaciones no solo miden el éxito de los programas, sino que también informan futuras políticas y mejoras en el diseño de recursos. El enfoque basado en evidencia del CFPB asegura que sus iniciativas sean no solo amplias, sino también efectivas en promover la capacidad financiera a lo largo de toda la vida.
Innovación financiera y supervisión de fintech
El Bureau de Protección Financiera del Consumidor ha adaptado su marco regulatorio y de supervisión para abordar los riesgos y oportunidades que presentan los modelos emergentes de negocios en el sector de la tecnología financiera (fintech), especialmente en plataformas no bancarias como aplicaciones de pago digital, servicios de crédito alternativo y sistemas de transferencia de datos financieros. A través de una combinación de expansión de su autoridad supervisora, desarrollo de normas sobre derechos de datos y vigilancia activa del uso de inteligencia artificial, el CFPB busca equilibrar la protección del consumidor con la promoción de la innovación responsable en los mercados financieros digitales [98].
Supervisión de plataformas de pago digital y aplicaciones financieras
Una de las acciones más significativas del CFPB en el ámbito de la fintech fue la finalización en noviembre de 2024 de una norma que establece supervisión federal sobre aplicaciones de pago digital de gran tamaño. Esta regla define como "participantes mayores" a las plataformas de pago que procesan más de 50 millones de transacciones anuales o más de 100 millones de dólares en valor de transacciones, lo que incluye servicios como PayPal, Venmo, Cash App y Apple Pay [99]. Esta medida permite al CFPB realizar exámenes supervisores para evaluar el cumplimiento con las leyes federales de protección al consumidor, centrándose en riesgos como el fraude, la privacidad de los datos y el "debanking" ilegal —la cancelación abrupta de cuentas sin debido proceso—.
La supervisión directa de estas plataformas aborda una brecha regulatoria crítica, ya que muchas operan fuera del alcance de los reguladores bancarios tradicionales a pesar de manejar grandes volúmenes de fondos y datos sensibles de consumidores [100]. Esta expansión de la supervisión refuerza la capacidad del CFPB para exigir responsabilidad en el ecosistema digital y proteger a los consumidores de prácticas abusivas en servicios financieros emergentes.
Derechos de datos financieros personales y banca abierta
En octubre de 2024, el CFPB finalizó la norma sobre Derechos de datos financieros personales, una medida histórica que establece un marco estadounidense para la banca abierta. Basada en la Sección 1033 de la Ley Dodd-Frank, esta norma otorga a los consumidores el derecho a acceder a sus datos financieros y a autorizar su transferencia segura a terceros, como aplicaciones de presupuesto, plataformas de inversión o servicios de crédito alternativo [47]. La norma exige que las instituciones financieras, incluyendo bancos y cooperativas de crédito, proporcionen datos en formato seguro, estandarizado y legible por máquinas mediante interfaces de programación de aplicaciones (APIs).
La regla también establece salvaguardias claras para la privacidad y el consentimiento. Los consumidores deben otorgar autorización explícita, específica y revocable antes de cualquier transferencia de datos, y los terceros receptores están obligados a proteger los datos, limitar su uso a los fines autorizados y abstenerse de venderlos sin consentimiento adicional [102]. El cumplimiento se implementa de forma escalonada, con instituciones más grandes obligadas a cumplir a partir del 1 de abril de 2026, y proveedores más pequeños con plazos extendidos hasta 2030.
Mitigación del sesgo algorítmico y equidad en decisiones automatizadas
El CFPB ha adoptado una postura firme contra el uso de algoritmos opacos y sesgados en la toma de decisiones financieras automatizadas, especialmente en la concesión de crédito y la valoración de bienes raíces. En 2023, el CFPB emitió una declaración conjunta con el Departamento de Justicia y otras agencias federales, afirmando que los sistemas automatizados no están exentos de las leyes federales contra la discriminación y que el sesgo algorítmico que resulta en impactos desiguales en grupos protegidos constituye una práctica ilegal [103].
Además, en septiembre de 2023, el CFPB emitió orientación aclarando que los acreedores que utilizan inteligencia artificial deben cumplir con los requisitos de notificación de acción adversa de la Ley de Oportunidad de Crédito Igualitaria (ECOA), incluso cuando las decisiones se toman mediante modelos "caja negra" [104]. Esto significa que las explicaciones vagas como "historial crediticio deficiente" son insuficientes; los acreedores deben proporcionar razones específicas y precisas basadas en los factores principales utilizados por el algoritmo. Esta medida promueve la transparencia y permite a los consumidores impugnar decisiones potencialmente injustas.
En junio de 2024, el CFPB aprobó una norma para garantizar la precisión y responsabilidad en el uso de inteligencia artificial en las valoraciones de viviendas, un área donde los modelos sesgados han contribuido a disparidades raciales en la valoración de propiedades [105]. Esta norma exige transparencia en los modelos de valoración y establece mecanismos de supervisión para detectar y corregir el sesgo.
Fomento de la innovación responsable mediante sandboxes reguladores
Para equilibrar la supervisión con la innovación, el CFPB reestableció en enero de 2025 sus programas de sandbox de asistencia en el cumplimiento y cartas de no acción. Estos programas permiten a las empresas de fintech probar nuevos productos y servicios, incluyendo aquellos relacionados con activos digitales y pagos, en un entorno regulador controlado con alivio temporal de ciertos requisitos, siempre que se mantengan salvaguardias sólidas para la protección del consumidor y se informe sobre los datos [106]. Este enfoque fomenta la competencia y la innovación al reducir las barreras de entrada para empresas más pequeñas y permite al CFPB aprender de tecnologías emergentes antes de formular regulaciones amplias.
El CFPB también ha aprobado a Financial Data Exchange (FDX) como organismo establecedor de estándares para la banca abierta, respaldando sus marcos técnicos y de gobernanza para el intercambio seguro de datos mediante APIs [107]. Esta medida promueve la interoperabilidad y la consistencia en toda la industria, fortaleciendo al mismo tiempo la seguridad y el control del consumidor.
Desafíos en la supervisión de plataformas descentralizadas y servicios transfronterizos
El CFPB enfrenta desafíos significativos al intentar extender su supervisión a plataformas financieras descentralizadas (DeFi) y servicios fintech sin fronteras, especialmente en el contexto de flujos globales de datos y dinámicas de mercados emergentes. La naturaleza descentralizada de los protocolos DeFi, que a menudo operan en blockchains públicas sin una entidad central identificable, dificulta la aplicación de su autoridad supervisora, que se basa en la regulación de personas o entidades "cubiertas" [108].
Además, la propuesta del CFPB de expandir la Regulación E para cubrir activos digitales, incluyendo billeteras no custodiadas (no hospedadas), ha sido criticada como legal y tecnológicamente inviable, ya que estas billeteras no son controladas por ninguna institución financiera y carecen de la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos de resolución de errores y límites de responsabilidad [109]. Esto refleja la dificultad de aplicar marcos de protección al consumidor tradicionales a tecnologías descentralizadas.
El CFPB participa en redes regulatorias internacionales como la Red Global de Innovación Financiera (GFIN), que facilita la cooperación entre más de 50 agencias reguladoras, y ha expresado la intención de colaborar con reguladores extranjeros sobre temas de fintech [110]. Sin embargo, la efectividad de estas iniciativas depende de la coordinación voluntaria y carece de mecanismos de aplicación vinculantes, lo que limita su capacidad para regular plataformas verdaderamente globales.
Financiamiento, independencia y responsabilidad institucional
El Bureau de Protección Financial del Consumidor (CFPB) opera con un modelo de financiamiento único dentro del gobierno de los Estados Unidos, diseñado para garantizar su autonomía frente al proceso anual de asignaciones del Congreso de los Estados Unidos. A diferencia de otras agencias federales, el CFPB no depende de fondos aprobados anualmente por el Congreso, sino que recibe transferencias trimestrales directamente del [[Sistema de la Reserva Federal|Sistema de la Reserva Federal>. Este mecanismo de financiamiento está autorizado por la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor y se limita a un porcentaje del presupuesto operativo de la [[Reserva Federal|Reserva Federal>, específicamente al menor entre el 12 % de sus gastos totales o el monto necesario para cumplir con las operaciones del CFPB [28]. Para el año fiscal 2025, el tope de financiamiento se estableció en 823 millones de dólares [32], y para 2026, el CFPB solicitó aproximadamente 279,6 millones de dólares [113].
Esta estructura financiera fue objeto de un desafío legal significativo que llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos>, en el caso [[Consumer Financial Protection Bureau v. Community Financial Services Association of America, Ltd.|Consumer Financial Protection Bureau v. Community Financial Services Association of America, Ltd.. En mayo de 2024, la Corte falló 7–2 a favor del CFPB, declarando que su mecanismo de financiamiento es constitucional y no viola la Cláusula de Asignaciones de la Constitución de los Estados Unidos [33]. Este fallo ratificó la independencia financiera del CFPB y resolvió una incertidumbre legal que había surgido tras una decisión anterior del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que había considerado inconstitucional el modelo de financiamiento [115]. La confirmación judicial ha consolidado la legitimidad institucional del CFPB y asegurado su continuidad operativa [116].
Estructura de liderazgo y mecanismos de responsabilidad
El CFPB está liderado por un director que es designado por el [[Presidente de los Estados Unidos|Presidente de los Estados Unidos> y confirmado por el [[Senado de los Estados Unidos|Senado de los Estados Unidos>, con un mandato de cinco años. Esta figura única de liderazgo contrasta con otras agencias reguladoras, como la [[Comisión de Bolsa y Valores|Comisión de Bolsa y Valores> (SEC) o la [[Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas|Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas> (CFTC), que cuentan con comisiones plurales. El director solo puede ser destituido por el presidente por ineficiencia, negligencia o mala conducta, lo que refuerza la independencia del organismo frente a la presión política [28]. A principios de 2025, Russell Vought asumió como director interino tras la salida de líderes anteriores, aunque el Senado aún no había confirmado a un director permanente, con la nominación de Stuart Levenbach pendiente y posteriormente devuelta al presidente [118].
A pesar de su independencia financiera y estructural, el CFPB está sujeto a múltiples mecanismos de responsabilidad. El Tribunal de Cuentas Gubernamental (GAO) realiza auditorías financieras anuales de la agencia. En noviembre de 2024, el GAO informó que los estados financieros del CFPB para los años fiscales 2023 y 2024 se presentaron de manera justa y que sus controles internos eran efectivos [34]. Además, el CFPB está obligado a presentar informes semestrales al Congreso sobre sus actividades, presupuesto y acciones de cumplimiento, lo que asegura cierto nivel de supervisión legislativa [120]. También sigue un proceso de elaboración de normas transparente conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos (APA), que incluye notificaciones públicas, períodos de comentarios y justificaciones económicas detalladas en las normas finales publicadas en el Federal Register [121].
Aunque el CFPB no está sujeto al proceso tradicional de asignaciones, existen esfuerzos legislativos continuos para cambiar este modelo. Por ejemplo, disposiciones en los proyectos de ley de asignaciones para el año fiscal 2025 han buscado someter al CFPB al proceso de financiamiento anual del Congreso [122]. Estos debates reflejan tensiones políticas sobre el equilibrio entre independencia regulatoria y responsabilidad democrática, especialmente en un contexto de escrutinio creciente sobre el alcance de la autoridad del CFPB en mercados financieros emergentes como las plataformas de pago digital y los servicios de tecnología financiera [100].
Desafíos legales y evolución de la interpretación de UDAAP
La interpretación y aplicación del marco legal contra actos o prácticas injustos, engañosos o abusivos (UDAAP, por sus siglas en inglés) por parte del Bureau de Protección Financiera del Consumidor ha experimentado una evolución significativa desde su creación, marcada por cambios en la administración, respuestas a fallos judiciales y tensiones entre expansión regulatoria y limitaciones constitucionales. El poder del CFPB para perseguir UDAAP, establecido en la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor, ha sido tanto un instrumento central de protección al consumidor como un foco de controversia legal y política.
Definición inicial y expansión de la autoridad UDAAP
Desde su fundación, el CFPB utilizó UDAAP como pilar fundamental de su autoridad supervisora y de aplicación de la ley bajo la Sección 1031 de la Ley Dodd-Frank [124]. Aunque los conceptos de "injusto" y "engañoso" ya estaban establecidos en la ley de protección al consumidor, la inclusión del término "abusivo" representó una innovación estatutaria. El CFPB definió inicialmente estas categorías de la siguiente manera:
- Injusto: Una práctica es injusta si causa o probablemente cause un daño sustancial a los consumidores, que no puedan evitar razonablemente, y que no se vea compensado por beneficios para los consumidores o la competencia [125].
- Engañoso: Es una práctica que induce o probablemente induzca a error a los consumidores, donde la representación u omisión es material [126].
- Abusivo: Una práctica es abusiva si interfiere materialmente con la capacidad del consumidor para entender un término o condición, o aprovecha de forma irrazonable la falta de comprensión, la incapacidad para proteger sus intereses o la confianza del consumidor en que la entidad actuará en su beneficio [124].
Este marco permitió al CFPB emprender numerosas acciones contra bancos, prestamistas de día de pago, cobradores de deudas y empresas de tecnología financiera.
Política de clarificación sobre prácticas abusivas (2020)
En enero de 2020, el CFPB emitió una Política sobre Prácticas Abusivas, marcando un cambio hacia una mayor transparencia y restricción en el uso del estándar de abusividad [124]. La política enfatizó que la agencia no presentaría reclamaciones por abuso aislado sin un componente relacionado de injusticia o engaño, y consideraría si una empresa actuó de buena fe al evaluar sanciones [129]. Este movimiento fue interpretado como un esfuerzo por aumentar la previsibilidad y proporcionar pautas más claras para la industria, especialmente bajo la dirección de Kathy Kraninger.
Expansión hacia la discriminación y productos no crediticios (2022)
Bajo la dirección de Rohit Chopra, que asumió el cargo en 2021, el CFPB amplió significativamente su interpretación de UDAAP, afirmando que la conducta discriminatoria podría constituir una práctica injusta incluso en ausencia de una violación de leyes de crédito justo como la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito (ECOA). En marzo de 2022, la agencia actualizó su Manual de Supervisión y Examen para reflejar esta posición, afirmando que la discriminación, especialmente en productos financieros no crediticios como sistemas de pago, cuentas de ahorro y billeteras digitales, podría considerarse injusta según la Ley Dodd-Frank [73]. Esta expansión se justificó por el daño sustancial que causa la discriminación y la erosión de la confianza en los sistemas financieros [131].
Respuesta judicial y anulación de las actualizaciones del Manual UDAAP (2023)
La expansión del CFPB enfrentó desafíos legales inmediatos. En septiembre de 2023, un tribunal federal de distrito en Texas anuló las actualizaciones del Manual de Examen UDAAP, argumentando que el CFPB había excedido su autoridad al equiparar la discriminación con la injusticia sin una autorización clara del Congreso [74]. El tribunal consideró que este cambio de política significativo requería reglamentación formal según la Ley de Procedimientos Administrativos (APA) y que la guía era arbitraria y caprichosa [133]. Esta decisión fue ampliamente interpretada como una reflexión de la doctrina de grandes preguntas del Tribunal Supremo, que exige una autorización clara del Congreso para acciones de agencias de gran importancia económica o política [134].
Apelación y posterior desestimación (2024–2025)
El CFPB apeló la decisión del tribunal de distrito a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en agosto de 2024 [135]. Sin embargo, en mayo de 2025, el Quinto Circuito desestimó la apelación, alineándose con el aparente cambio en las prioridades de aplicación de la ley por parte de la agencia [75]. Esta desestimación, junto con la propia moción del CFPB para terminar el litigio pendiente sobre el manual de UDAAP, sugirió una retirada estratégica de la expansión contestada de la autoridad [137].
Cambio regulatorio y desregulación (2025)
Hacia mediados de 2025, el CFPB mostró signos de un cambio más amplio hacia la desregulación, incluyendo la derogación de ciertos documentos de orientación, reducciones de personal y una reducción de las prioridades de aplicación de la ley [138]. En junio de 2025, la agencia anunció una "reducción histórica" de la supervisión en áreas como la tecnología financiera y las criptomonedas, redirigiendo recursos hacia lo que describió como amenazas más urgentes para poblaciones vulnerables, incluidos los militares y veteranos [139]. Esto incluyó la terminación de órdenes de consentimiento relacionadas con las tarifas por sobregiro y violaciones en la gestión de hipotecas [140].
Impacto en el alcance y previsibilidad de la aplicación de la ley
La evolución de la interpretación del CFPB sobre UDAAP ha tenido profundas implicaciones para el alcance y previsibilidad de su aplicación de la ley:
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Reducción de la previsibilidad: Los cambios frecuentes en la dirección política, desde la expansión bajo Chopra hasta la retirada bajo liderazgos posteriores, han creado incertidumbre para las instituciones financieras que intentan cumplir con los estándares de UDAAP [141]. La falta de reglas estables y codificadas ha llevado a algunos a describir la aplicación de UDAAP como un estándar de "lo sé cuando lo veo" [142].
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Restricciones judiciales: Los tribunales han aumentado la escrutinio sobre el uso del CFPB de UDAAP, especialmente cuando se superpone con áreas tradicionalmente gobernadas por otros estatutos. La sentencia de Texas de 2023 subrayó que las agencias no pueden expandir unilateralmente su autoridad a través de orientación, reforzando la necesidad de reglamentación formal o acción del Congreso [143].
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Desafíos de coordinación interagencial: Otros reguladores federales, como la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA), han mantenido su propia orientación sobre UDAAP, pero las recientes derogaciones y actualizaciones sugieren una creciente divergencia [144]. Esta fragmentación complica el cumplimiento para instituciones sujetas a múltiples regímenes de supervisión.
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Preguntas constitucionales y de financiamiento: La autoridad del CFPB sigue bajo escrutinio constitucional más amplio, particularmente tras la revisión del Tribunal Supremo sobre su estructura de financiamiento en Consumer Financial Protection Bureau v. Community Financial Services Association of America, Ltd. [145]. Una sentencia que limite el mecanismo de financiamiento de la agencia podría restringir aún más su capacidad de aplicación, incluyendo acciones UDAAP.